La sentencia establece que una empresa que diseña, entrena, opera y gestiona un sistema de IA debe asumir la responsabilidad legal por cualquier daño causado por las respuestas que genera.
La regulación y las reglas regionales determinan dónde y cómo se pueden implementar los modelos, lo que afecta el acceso, la residencia de los datos y el costo real del cumplimiento.
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